LA NULIDAD Y LA ANULABILIDAD DE LOS CONTRATOS Y DE LAS CLÁUSULAS INCLUIDAS EN LOS MISMOS.

    Aunque los efectos de la nulidad absoluta o de pleno derecho y de la anulabilidad o nulidad relativa son los mismos, salvo excepciones muy concretas, es importante distinguir si nos encontramos ante una acción u otra. Nos encontraremos ante una nulidad de pleno derecho cuando no exista alguno de los 3 elementos esenciales del contrato (consentimiento, causa u objeto), cuando la causa del contrato sea ilícita o cuando las cláusulas del contrato sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público. Por otra parte, estaremos ante un casi de anulabilidad cuando, existiendo consentimiento, el mismo se encuentra viciado, por ejemplo, por existir error en el consentimiento prestado o por haberse prestado por un menor. Una vez definida la causa de ineficacia del contrato debemos tener en cuenta otras diferencias entre la nulidad y la anulabilidad: Plazo para ejercicio de la acción: Mientras que la acción de nulidad es imprescriptible, la anulabilidad está sujeta a un plazo de caducidad de 4 años. La anulabilidad sólo será alegable por los obligados principales del contrato, mientras que la nulidad puede ser alegada por los obligados, por terceros que tengan interés em dicha declaración de nulidad o apreciable de oficio por el juzgador. Otra de las diferencias fundamentales es que la nulidad del contrato no es convalidable, mientras que en el caso de la anulabilidad, la causa que da lugar a la anulabilidad del contrato se puede convalidar de forma expresa o tácita. En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad y de la de anulabilidad, en ambos casos será la inexistencia del contrato desde el...

DIFERENCIAS ENTRE CONSUMIDOR Y NO CONSUMIDOR EN RECLAMACIONES DE CLAUSULAS ABUSIVAS DEL CONTRATO HIPOTECARIO

Es frecuente que se piensa que todas las personas, tanto físicas como jurídicas pueden reclamar por la existencia de cláusulas abusivas en sus contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Sin embargo, no es la misma la protección que existe en todos los casos, puesto que la protección que se otorga a un consumidor es mayor que la que la Ley otorga a quien firma el préstamo para una finalidad distinta a la del consumo. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué se considera consumidor. La definición nos la da el art. 3 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios que considera consumidores a: Las personas físicas que actúan con un fin distinto a su actividad profesional, empresarial o comercial. Las personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro y fuera de una actividad comercial o empresarial. Y serán estas personas las que, en principio, puedan reclamar por la existencia de cláusulas abusivas en su contrato de préstamo: Bien porque la cláusula contenida en el contrato se considera abusiva por la Ley, siempre que no haya sido negociada, como es el caso de la reclamación de los gastos hipotecarios o de los intereses moratorios. Bien porque, siendo una cláusula, en principio válida, como son las relativas al precio del contrato, en el momento de contratación no se informó debidamente al consumidor sobre cómo afectaría dicha cláusula a la economía del préstamo, siendo este el caso de la cláusula suelo o del clausulado multidivisa. Desde el equipo de El Defensor de tu Vivienda podemos asesorarle, de manera gratuita, ante de tomar...

SENTENCIA 174/2018 SOBRE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN LA COMPRA DE VIVIENDA SOBRE PLANO

En este caso, es el Magistrado del Juzgado de primera Instancia e Instrucción de Majadahonda, quien, tras evaluar todas las pruebas, da de nuevo la razón a un consumidor que había comprado una vivienda sobre plano entregando a una promotora importantes sumas de dinero mediante varios ingresos, en una cuenta de la Entidad bancaria que financiaba dicha promoción. Pudimos probar que, tras 12 años de espera, la promotora no estaba en disposición de entregar una vivienda, dado que las obras ni siquiera se habían iniciado y tampoco había podido devolver a nuestro cliente el dinero aportado. Es por eso, que se emprendieron acciones legales contra otro responsable, que es la entidad bancaria receptora de dichas cantidades. Debido a lo anterior, y bajo el amparo de la ley 57/68, las entidades bancarias deben cumplir con el deber de vigilancia que se impone en dicha Ley. Si este deber se omite, la responsabilidad recae directamente sobre ellas. Esta obligación se resume en constatar la existencia de un seguro o aval que garantice las aportaciones hechas por los consumidores para la compra de vivienda. En este caso, consta la compra de una vivienda unifamiliar por la cual el demandante se comprometió a entregar una cantidad de dinero antes del otorgamiento de la Escritura, además se comprometió con el abono de 24 mensualidades y de un importe final antes de subrogarse en el préstamo concertado con la promotora. También consta documentado que la obligación de la entrega de la vivienda estaba prevista para el año 2008. Quedó demostrado el incumplimiento de contrato por parte de la promotora con fecha de abril de 2010...

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