En los últimos años hemos vivido en nuestro país una crisis del sector inmobiliario de proporciones inéditas, hasta el punto de que se ha convertido en algo habitual el desfile de promotoras que han presentado concurso de acreedores.

En esa situación, los compradores de vivienda sobre plano que entregaron importantes cantidades a cuenta a la promotora se encuentran con que ni van a obtener su vivienda, dado que la situación de concurso no permite a la promotora culminar las obras de construcción, ni tampoco pueden recuperar de ésta las cantidades que le entregaron, habida cuenta de su estado de insolvencia.

Precisamente para evitar situaciones de desprotección como esta, la Ley 57/68, vigente hasta enero de 2016 exigía a los promotores la obligación de suscribir seguro o aval en garantía de la devolución de las cantidades para el caso de que la construcción de la vivienda no se inicie o finalice en el plazo establecido.

Por tanto, lo primero que ha de tener en cuenta el comprador que se encuentra en esa situación es cerciorarse de que existe seguro o aval y reclamar a éste la devolución de las cantidades abonadas con sus intereses.

En otro caso, si la promotora no hubiese contratado seguro o aval, no por ello se encuentra el comprador absolutamente desprotegido, pues debe saber en tal caso que la Ley responsabiliza de la falta de contratación de las garantías a la entidad bancaria a través de la cual la promotora percibió las cantidades a cuenta. Y ello porque el banco, al recibir las aportaciones de los compradores, debió vigilar y cerciorarse de que la promotora contrataba esas garantías. Si no lo hizo, y a causa de ello el comprador no puede recuperar lo que pagó por la falta de seguro o aval, es el banco quien ha de responder frente al comprador, tal y como ha reiterado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones dictadas en interpretación de la Ley 57/68.

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