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Ya han pasado tres meses desde que las entidades bancarias pusieron en marcha el procedimiento establecido en el ‘Real Decreto-Ley’ que regula las devoluciones de las cantidades abonadas como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo para aquellos clientes que reclamaran extrajudicialmente las mismas.

Después del plazo transcurrido, las respuestas que la mayoría de los bancos están dando a los afectados no están siendo positivas para los afectados por la cláusula suelo. Si bien, hay algunas entidades que han devuelto cantidades a los clientes, en casos puntuales y de baja cuantía, también es cierto que, la gran parte de las reclamaciones están quedando sin respuesta o están recibiendo respuestas negativas a la devolución de escaso fundamento jurídico.

Este es el caso de aquellos clientes que cancelaron el préstamo hace más de 4 años o que solicitaron el préstamo para construirse ellos mismos su vivienda, a los que los bancos están dando respuestas negativas, a pesar de que, en el primero de los casos, al tratarse de una cláusula nula de pleno derecho no está sujeta a plazo para su reclamación y, en el segundo, nos encontramos ante un consumidor con independencia de que la vivienda la comprara construida o se la haya construido el afectado.

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la reclamación extrajudicial, aquellos afectados que hayan recibido respuestas negativas o a los que no haya contestado su entidad bancaria, y que quieran recuperar las cantidades indebidamente abonadas, tendrán que acudir a la vía judicial para poder recuperar la cláusula suelo, al no haberlo conseguido de forma amistosa.

Señalar igualmente que, aunque el pasado viernes 26 de mayo de 2017, se aprobó el Real Decreto que regula la Comisión de Seguimiento sobre el cumplimiento por parte de las entidades financieras del procedimiento de reclamación extrajudicial, como ya se preveía, el mismo, entendemos, que no va a suponer ningún cambio en las respuestas de los bancos a los consumidores, por cuanto la función de dicha Comisión es únicamente estadística, sin que tenga facultades sancionadoras respecto a las entidades que incumplan con el procedimiento establecido para las reclamaciones extrajudiciales.

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