Categoría: Sentencias ganadas

Los juzgados han vuelto a dar la razón a los afectados por la compra de vivienda no entregada en Jaén. En esta ocasión, 42 cooperativistas que adquirieron una vivienda a la Cooperativa Ciudad del 2000 (CIDOMI) han conseguido recuperar el dinero invertido por una casa que nunca les han entregado.

Estas nuevas sentencias condenan a las entidades financiera Bankia y Unicaja a devolver no sólo las cantidades entregadas a la cooperativa, sino también todos los intereses legales devengados desde cada pago realizado. De esta manera, la indemnización a la que debe de hacer frente Bankia asciende a 127.842 euros, mientras que Unicaja deberá desembolsar 190.725 euros. Un total de 318.567 euros.

Se trata tan solo de las primeras sentencias para los afectados por esta cooperativa, ya que se han presentado un total de 176 demandas hasta el momento. Por lo que, alrededor de 100 afectados esperan la decisión de los juzgados.

Estas sentencias, basadas jurídicamente en la Ley 57/68, condenan a Bankia y Unicaja por haber incumplido el deber de vigilancia que le imponía la citada ley. Y es que esta normativa exigía a las cooperativas y promotoras de vivienda contratar un seguro o aval bancario que garantizara la devolución de las aportaciones de los compradores en caso de que las viviendas no se entregasen en el plazo pactado con estos. Y, si la entidad o entidades bancarias en las que se ingresaban las cantidades no vigilaban que la cooperativa o la promotora contrataban dichas garantías, entonces la ley les declara responsables como ha ocurrido en este caso.

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Tres afectados por la compra de vivienda no entregada por la Cooperativa Prado Buhaira 2010 han podido recuperar todo el dinero aportado, así como los intereses legales correspondientes gracias a El Defensor de tu Vivienda.

Los Juzgados de Móstoles han dictado tres sentencias condenando a la entidad financiera Santander a devolver a estos compradores de vivienda el dinero invertido por una casa que espera desde hace 6 años.

La indemnización a la que tiene que hacer frente Santander asciende a 170.608,36 euros, 135.000 euros corresponden a la aportación principal y 35.608,36 euros a los intereses devengados.

La Cooperativa Prado Buhaira 2010 proyectó la construcción de 50 viviendas de lujo en el centro Sevilla que deberían haberse entregado en el año 2013. Sin embargo, dichas casas no se entregaron en el plazo pactado por los compradores por lo que no han no han podido recuperar todo el dinero aportado.

Ahora, la vía por la que los afectados de esta cooperativa pueden reclamar las cantidades aportadas es la que les ofrece la Ley 57/68, que exigía a las promotoras contratar un seguro o un aval bancario que garantizase la devolución de las entregas a cuenta para cubrir las aportaciones de los compradores de vivienda, en caso de que éstas no llegasen a construirse o no se entregasen en el plazo convenido. Si no se contrató ese seguro o aval, entonces, el banco es responsable, por incumplir el deber de vigilancia que le imponía dicha Ley.

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El Juzgado de Instrucción Nº 4 de Alicante ha dictado una sentencia en favor de un comprador de vivienda no entregada que compró una casa a Promociones Galami, en Logroño.  Esta decisión judicial condena a Sabadell a devolver 32.018 euros, de ellos 22.470 euros corresponden a las aportaciones principales, más 9.548 euros de intereses legales.

La sentencia considera que “Banco Sabadell debe responder en este caso, por cuanto la entidad Banco Guipuzcoano por la que ahora ha de responder, recibió en sus cuentas ingresos a cuenta del precio de la vivienda adquirida por los demandantes, que se ingresaron en la cuenta que la promotora tenía dicha entidad, y ello con independencia de que esas cantidades fueran o no avaladas por dicha entidad. Es de ver en este caso, que Banco Guipuzcoano supo que se había firmado un contrato de compraventa entre los compradores y la promotora, ya que dicha entidad declaró haber recibido en sus cuentas el importe nominal de las sucesivas letras de cambio que se fueron girando por la promotora a los demandantes. En cuanto a si Banco Guipuzcoano pudo saber el concepto en que se hicieron los ingresos, no cabe duda alguna sobre ello, ya que la entidad era la que emitía los documentos acreditativos del pago de efectos, de modo que debía y pudo conocer el destino o fin del dinero que se ingresaba en sus cuentas por parte de los aquí demandantes”. Todo ello, en base a la Ley 57/68.

La promotora Galami proyectó la construcción de 47 viviendas en la localidad de Logroño.  Estas casas deberían haberse entregado en el año 2008; llegada esa fecha la vivienda no estaba en disposición de ser entregada, no siendo hasta marzo de 2009 cuando se obtuvo la cédula de habitabilidad de las viviendas. Pero tampoco en marzo de 2009 se entregó ni se puso a disposición de los afectados la vivienda, y ello a pesar de que la Promotora sí escrituró con otros compradores a los que sí se les entregaron sus viviendas.

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Un afectado por la compra de una vivienda no entregada ha recuperado todo el dinero aportado más los intereses legales correspondientes. En esta ocasión, se trata de un comprador que adquirió una casa a la promotora Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria S.A. en Navalcarnero (Madrid).

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ratifica la condena de los juzgados y condena a la entidad Banco Santander a devolver 79.478,81 euros, de ellos 53.356,8 euros corresponden a las aportaciones principales de los compradores más 23.122,01 euros de intereses legales.

La promotora Euroholding proyectó la construcción de la promoción “Los Balcones de la Dehesa” con un total de 52 viviendas que tendrían que haberse entregado para el año 2009 en la localidad de Navalcarnero (Madrid). Sin embargo, y a pesar de que han transcurrido más de 10 años, las casas nunca llegaron a construirse tras declararse insolvente la promotora.

Esta sentencia está basada jurídicamente en la Ley 57/68, una norma que protegía los derechos de los compradores de vivienda sobre plano y que hace responsables a las entidades bancarias que no cumplieron adecuadamente con el deber de vigilancia que les imponía la ley. Este deber se basaba en verificar que la promotora o la cooperativa contrataba un seguro de entregas a cuenta o aval bancario que garantizara la devolución de las cantidades aportadas por el afectado en caso de que las viviendas no se llegasen a entregar en el plazo pactado.

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El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Betanzos ha dictado una sentencia en favor de un comprador de vivienda no entregada que compró una casa a la promotora Iniciativas empresariales Galegas S.A. (INEGAL), en la localidad de Ribeira (A Coruña).  Esta decisión judicial condena a Abanca a devolver 16.410 euros, de ellos 12.251 euros corresponden a las aportaciones principales, más 4.159 euros de intereses legales.

La sentencia reconoce que “Respecto de la cuestión de la aplicación de la normativa al presente caso, hay que tener en cuenta que la finalidad de la Ley 57/68 según establece su Preámbulo, es la de proteger a los compradores de viviendas antes de iniciarse la construcción de las mismas o durante esta y garantizar que las entregas de dinero se destinen a dicha construcción y a procederá la devolución de dichas cantidades si las viviendas son se llevan a efecto. Y en el presente caso los demandantes adquirieron la vivienda de la promoción prevista en Ribeira, promoción que no se llevó a término y se ingresaron cantidades por los demandantes para la adquisición de tal vivienda. La STS de diciembre de 2015 resuelve la cuestión de si la entidad de crédito en la que el comprador de una vivienda ha ingresado las cantidades anticipadas al promotor de la misma, debe responder frente a él cuando dicho promotor no haya abierto en la misma entidad una cuenta especial ni presentado aval o seguro por dichas cantidades, tal como establece la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”.

La promotora Iniciativas empresariales Galegas S.A. (INEGAL) proyectó la construcción de 77 viviendas en Ribeira que deberían haberse entregado en el año 2009 y para la que los afectados aportaron una media de 40.000 euros.

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Dos afectados por la compra de vivienda no entregada por la Promotora Construcciones La Fajana Barlovento S.L. han podido recuperar todo el dinero aportado, así como los intereses legales correspondientes gracias a El Defensor de tu Vivienda.

Los Juzgados de Primera Instancia de Valencia han dictado dos sentencias condenando a Caixabank a devolver a estos compradores de vivienda el dinero invertido por unas casas que esperan desde hace 8 años.

La indemnización a la que tiene que hacer frente Caixabank asciende a 96.146,21 €, 68.566,26 € corresponden a las aportaciones principales de los compradores y 27.579,95€ a los intereses legales.

La Promotora Construcciones La Fajana Barlovento S.L. promovió la construcción de 10 viviendas en Barlovento (Tenerife) que proyectaba entregar en el año 2011. Después de que los compradores aportaran un promedio de 30.000 euros, actualmente están inacabadas, y los compradores no han recibido las cantidades aportadas.

Las sentencias basadas en la Ley 57/68, norma que protegía los derechos de los compradores de vivienda sobre plano, consideran que la entidad bancaria incumplió con el deber de vigilancia que le imponía la ley y que consistía en verificar que la promotora contrataba un seguro o aval bancario que garantizase las entregas de los compradores en caso de que las viviendas no se entregasen en el plazo pactado. Al no verificar que dicha garantía existía, la ley le declara responsable de devolver el dinero a los compradores.

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El Juzgado de Instrucción Nº 10 de Málaga ha dictado una sentencia en favor de un comprador de vivienda no entregada que compró una casa a la promotora Edificios Argali, en la localidad de Carataunas (Granada).  Esta decisión judicial condena a Unicaja Banco a devolver 33.809,86 euros, de ellos 23.405,80 euros corresponden a las aportaciones principales, más 1 0.404,06 euros de intereses legales.

La promotora Edificios Argali tenía proyectada la construcción de 24 viviendas en que deberían haber sido entregadas en septiembre de 2008. Sin embargo, y a pesar de que las viviendas están terminadas, no han obtenido la Licencia de Primera Ocupación y, por tanto, los compradores no han recibido sus casas. En esta promoción, cada afectado ha aportado una media de 16.000 euros y ahora Unicaja, entidad en la que los compradores realizaron sus aportaciones tiene que responder y devolver el dinero a los afectados de la promoción.

La sentencia reconoce que “todos los motivos de la demanda conllevan a la estimación de la misma, frente a la entidad UNICAJA BANCO, S.A UNIPERSONAL, debiendo declararse que la entidad UNICAJA, BANCO, S.A.U incumplió el deber de vigilancia que el impone el artículo 1.2 de la Ley 57/68, respecto de las cantidades abonadas por la parte actora a la Promotora EDIFICIOS ARGALI, S.L y en relación con el contrato aportado como documento número 3, junto con la condena a UNICAJA BANCO, S.A.U a pagar a la parte actora la cantidad de Veintitrés Mil Cuatrocientos Cinco euros con Ochenta céntimos (23.405,80 euros) en concepto de cantidades entregadas a cuenta que realizó a favor de la promotora. La Ley 57/68 exigía a las entidades de crédito verificar que la promotora contaba con un seguro o aval bancario para cubrir las cantidades en caso de que las viviendas no se entregasen en los plazos pactados. Dado que la entidad Unicaja no lo verificó, ahora la ley le declara responsable.

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Siete afectados por la compra de vivienda no entregada por la Cooperativa Los Ribazos han podido recuperar todo el dinero aportado, así como los intereses legales correspondientes gracias a El Defensor de tu Vivienda.

Los Juzgados de Primera Instancia de Valladolid han dictado varias sentencias condenando a Caja Laboral Rural a devolver a estos compradores de vivienda el dinero invertido por unas casas que esperan desde hace 10 años.

La indemnización a la que tiene que hacer frente Caja Laboral Rural asciende a 394.976,68 €, 279.759,90 € corresponden a las aportaciones principales de los cooperativistas y 115.216,78 € a los intereses legales.

La sociedad cooperativa Los Ribazos promovió la construcción de 25 viviendas en Valladolid que proyectaba entregar en el año 2008. Después de que los compradores aportaran un promedio de 40.000 euros, actualmente están acabadas, pero sin la correspondiente licencia de primera ocupación.

Las sentencias basadas en la Ley 57/68, norma que protegía los derechos de los compradores de vivienda sobre plano, consideran que las entidades bancarias incumplieron con el deber de vigilancia que le imponía la ley y que consistía en verificar que la promotora contrataba un seguro o aval bancario que garantizase las entregas de los compradores en caso de que las viviendas no se entregasen en el plazo pactado. Al no verificar que dicha garantía existía, la ley les declara responsables de devolver el dinero a los compradores.

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Varios Juzgados de Primera Instancia han dictado nuevas sentencias en favor de dos compradores de viviendas no entregadas que compraron una casa a la promotora Metrópolis Proyectos Urbanísticos, en la localidad de Valdeavero (Madrid).  Esta decisión judicial condena a tres entidades bancarias, Caixabank, Banco CEISS y BBVA, a devolver 44.149 euros, de ellos 31.000 euros corresponden a las aportaciones principales, más 13.143 euros de intereses legales.

Las sentencias basadas en la Ley 57/68, norma que protegía los derechos de los compradores de vivienda sobre plano, consideran que las entidades bancarias incumplieron con el deber de vigilancia que le imponía la ley y que consistía en verificar que la promotora contrataba un seguro o aval bancario que garantizase las entregas de los compradores en caso de que las viviendas no se entregasen en el plazo pactado. Al no verificar que dicha garantía existía, la ley les declara responsables de devolver el dinero a los compradores.

La promotora Metrópolis Proyectos Urbanísticos proyectó la construcción de esta promoción de viviendas en las localidades de Valdeavero y Meco (Madrid) que deberían haberse entregado en 2009. Sin embargo, para esa fecha las viviendas seguían sin terminarse y la posibilidad de que las obras se acabaran, se complicó al ser declarada la promotora en concurso de acreedores, el 23 de marzo de 2009. A día de hoy, las casas no están terminadas y los compradores de vivienda no han podido recuperar las cantidades aportadas a la promotora.

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