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Noticia publicado en el Diario Expansión en Orbyt

El Gobierno va a modificar el seguro que cubre los pagos realizados por los compradores de una vivienda ante posibles incumplimientos del promotor.

El Grupo Popular ha presentado una enmienda en el Congreso a la Ley de Ordenación y Supervisión de Aseguradoras para modificar esta cobertura que “no ha sido suficiente para subsanar las deficiencias que impiden una protección eficaz de los compradores, incluidas las cantidades anticipadas para estas compras”, según la justificación de la enmienda firmada por el PP.

La legislación en vigor establece la obligación de que los promotores de viviendas contraten una cobertura colectiva, mediante un seguro de caución y que después se firmen pólizas individuales para los compradores.

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Si la cooperativa ya se ha retrasado en la entrega de la vivienda, no es necesario esperar más.

Es bastante frecuente que nuestros clientes nos realicen consultas en las que se cuestionan si tienen que esperar los plazos previstos en la normativa reguladora de las cooperativas para poder reclamar al seguro. El motivo es que tal y como permite la normativa especial sobre cooperativas de viviendas, la mayoría de los Estatutos de cooperativas prevén amplios plazos para la devolución de las aportaciones de quienes causan baja: 5 años si la baja fue por expulsión, 3 años en caso de baja no justificadas, y 18 meses si la baja fue justificada.

No obstante, debe de tenerse en cuenta que la relación entre el seguro y los cooperativistas no se rige por la normativa especial sobre cooperativas, sino por la Ley del Contrato de Seguro y una antigua ley que protege las cantidades entregadas a cuenta de la vivienda; la “famosa” Ley 57/1968. Normas estas que no establecen plazo de espera alguno.

Por esta razón, llegada la fecha convenida entre la Cooperativa y el cooperativista para la entrega de la vivienda sin que esa entrega se haya producido lo que establece la Ley es que el cooperativista podrá optar entre conceder una prórroga, que deberá constar por escrito y ser expresa, o resolver el contrato reclamando la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales devengados.

 

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El pasado 07 de abril se daba por iniciada la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) relativa al ejercicio 2014. Cuando apenas se llevan dos semanas de la misma, las numerosas cuestiones formuladas (i) tanto a través del presente blog (ii) como por parte de aquellos cooperativistas a los que El Defensor de tu Vivienda (con la experiencia de Sala & Serra Abogados) ha ayudado a recuperar las cantidades aportadas; nos han empujado a la redacción de un artículo en donde se ponga de manifiesto el tratamiento fiscal de las cantidades recibidas por el cooperativista a la hora de elaborar su declaración de la renta.

Indicar antes de comenzar con el análisis un par de consideraciones: (i) el mismo ha sido realizado considerando recientes consultas emitidas por la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) y bajo la interpretación de las mismas por parte de Sala & Serra Abogados (específicamente V3148/2014, V0232/2015, V3147/2014 y V1901/2014), (ii) con la intención de facilitar la comprensión del artículo, expondremos la situación con un ejemplo numérico.

– Pongamos que el sujeto X se incorporó a la Cooperativa Y en el año 2000, aportando hasta el ejercicio 2013 una cantidad de 80.000 euros para la adquisición de una vivienda. Por diversas circunstancias la promoción no resulta viable, por lo que se demanda a la compañía aseguradora en virtud de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.

– Después de interponer demanda contra la compañía aseguradora para la devolución de las mencionadas aportaciones se firma un acuerdo transaccional (con fecha 20 de junio de 2014) aceptando la oferta propuesta por la misma en aras de poner fin al procedimiento judicial. El mencionado acuerdo consiste en la devolución del 100% de sus aportaciones (80.000 euros) más 25.000 euros en concepto de intereses legales. Por último indicar que los honorarios de los abogados para la llevanza del procedimiento ascendieron a 5.000 euros.

Una vez expuesta la problemática, se procederá a plantear y resolver las principales consultas que suelen darse ante la misma.

1.- ¿Cuál es el tratamiento fiscal de la devolución del 100% de las aportaciones (80.000 euros en el caso del ejemplo) percibidas por el cooperativista y debe ser en tal caso incluido en la declaración del IRPF? Establece la Ley del IRPF en su artículo 33, apartado 1º que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél…”. Sin embargo, la DGT en la mencionadas consultas se pronuncia indicando que “en casos en donde existiese un seguro de caución por las entregas a cuenta efectuadas a la cooperativa promotora para la adquisición de la vivienda, la percepción de la compañía aseguradora del mismo importe que las entregas efectuadas en su momento a la cooperativa, si bien se produce una alteración en el patrimonio del contribuyente, tal alteración no pone de manifiesto ninguna variación patrimonial (ganancia o pérdida)”. En conclusión y salvo mejor opinión, la cuantía relativa a la devolución de aportaciones no deberá de ser declarada.

2.- ¿Cuál es el tratamiento fiscal de la cantidad relativa a intereses legales (25.000 euros en el caso del ejemplo)? La Ley del IRPF diferencia la calificación de los intereses entre remuneratorios e indemnizatorios. Bajo el criterio de la DGT los intereses objeto de estudio reciben la calificación de indemnizatorios teniendo como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o retraso en su correcto cumplimiento. De este modo, este tipo de intereses debería de tributar como ganancia patrimonial, específicamente y siguiendo el criterio de la DGT procederá integrarlos (cualquiera sea el período que abarquen) en la Base Imponible del Ahorro (21 – 27%). Esto será declarado, salvo mejor opinión, en la página relativa a Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales adquiridos con más de un año de antelación a la fecha de la transmisión (a integrar en la base imponible del ahorro).

3. ¿Cuándo deberé declarar los mencionados rendimientos? La imputación temporal de los mismos corresponderá al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial, coincidiendo la misma en tal caso con el momento en que se cuantifiquen y se acuerde su abono, circunstancia que coincide con la firma del acuerdo transaccional (en el caso del ejemplo 20 de junio de 2014).

4. ¿Podré deducir de la cantidad a declarar (intereses indemnizatorios) los honorarios necesarios para su obtención (5.000 euros en el caso de ejemplo)? Complementando lo comentado en el punto 3, debe señalarse que al no proceder la mencionada ganancia patrimonial de una transmisión, su cuantificación se corresponderá con el importe de los intereses que se perciban, por lo que no pueden minorarse de este importe los honorarios de los abogados (en este caso 5.000 euros). Así resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del IRPF.

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Muchos más de lo que la mayoría de la gente cree.

Existe una gran confusión respecto a qué importe tienen derecho a recuperar los cooperativistas de viviendas en caso de que, por no haberse construido o entregado la promoción en el plazo previsto, opten por ejecutar el seguro con el que cuentan –o deberían contar– estas cooperativas, especialmente en cuanto a los intereses se refiere.

Es muy importante tener en cuenta que, en tal caso, el socio tiene derecho a recuperar las aportaciones que realizó a la cooperativa:

a) Incrementadas con los intereses legales generados por dichas aportaciones desde el pago de cada una de ellas y hasta la reclamación al seguro. Esto es, las aportaciones actualizadas a la fecha de la reclamación.

b) Más los intereses de demora que deben pagar las compañías aseguradoras devengados desde la fecha de la reclamación al seguro y hasta el efectivo cobro por parte del cooperativista, calculados sobre las aportaciones actualizadas y no sólo sobre las aportaciones efectivamente hechas.

Pondremos un ejemplo sencillo. Supongamos un ex-socio de una cooperativa que realizó tan sólo dos aportaciones: una de 10.000 euros el 1 de enero de 2004 y otra de 10.000 euros el 1 de enero de 2005. Debido al retraso en la entrega de las viviendas, el 1 de enero de 2015 presenta una reclamación contra el seguro, quien le paga el 1 de enero de 2016.

Pues bien, este ex-cooperativista tendrá derecho a cobrar del seguro:

a. Sus aportaciones actualizadas, esto es:

1. Los 10.000 euros que pagó el 1 de enero de 2004 actualizados al 1 de enero de 2015, y que resultan en 14.662,95 euros.

2. Los 10.000 euros que pagó el 1 de enero de 2005, actualizados al 1 de enero de 2015, y que resultan en 14.287,95 euros.

Todo lo cual suma 28.950,90 euros.

b. Los intereses de demora generados desde el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2016, calculados sobre sus aportaciones actualizadas, esto es, sobre los 28.950,90 euros y al tipo de interés de demora especial para las compañías de seguro, que durante el primer año es el legal –actualmente en el 3,5%– incrementado en un 50%.

Es decir, unos intereses de demora del 5,25% sobre 28.950,90 euros, lo que en este caso sumarían 1.519,90 euros.

En resumen, el ex-cooperativista de nuestro ejemplo tendría derecho a percibir, a 1 de enero de 2016, un total de 30.470,40 euros.

Tener claro estos conceptos es de una importancia vital, no sólo a la hora de plantear la reclamación al seguro, sino también a la hora de valorar una posible oferta de éste.

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Artículo de Sala & Serra Abogados publicado en el Núm. 149 de la Revista Inmueble

1. Una vía eficaz para recuperar las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda

Todas las promotoras que vendan viviendas “sobre plano” deben concertar un seguro o aval bancario que garantice a los compradores la recuperación de su dinero en caso de que las viviendas no se construyan o entreguen en el plazo pactado.

Sin embargo, no siempre lo hacen, lo cual resulta especialmente grave cuando la promotora deviene insolvente, en cuyo caso los compradores se quedan sin su vivienda, y sin nadie que pueda devolverles lo que pagaron por ella.

No obstante, ello no tiene por qué ser así, pues hay ocasiones en que el banco, a pesar de no haber expedido el aval, ni haberse comprometido a nada con el comprador, deberá devolverle las cantidades que éste entregó a cuenta de su vivienda.

A continuación detallamos este supuesto, también extensible a las cooperativas de viviendas.

2. Legislación que regula esta cuestión

La normativa que regula esta cuestión es, fundamentalmente, la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (en adelante la “Ley 57/68”).

1. Contratar un seguro o aval bancario que garantice a los compradores la recuperación del dinero para el caso de que la construcción no se inicie o termine en el plazo pactado.

2. Cobrar dichos anticipos a través de una cuenta bancaria “especial”, en la que sólo estén dichas cantidades, que únicamente podrán destinarse a la construcción de las viviendas.

3. Problema que se ha planteado

El problema se presenta, como hemos adelantado, en los casos en los que la promotora carece de seguro o aval bancario, y deviene insolvente sin haber construido las viviendas por las que recibió de los compradores cantidades a cuenta.

En estos casos, el comprador se encuentra con que si bien podría iniciar acciones judiciales contra la promotora, éstas no darán ningún resultado práctico, dado que ésta carece de patrimonio con que responder.

Y por supuesto, tampoco puede el comprador ejecutar el seguro o el aval, por el simple hecho de que éstos no existen.

4. El deber de vigilancia del banco

Dicho lo anterior, resulta que la Ley 57/68 no sólo impone obligaciones a las promotoras, sino también a los bancos, a quienes les ordena vigilar que las promotoras cumplan con lo dispuesto en dicha ley.

Concretamente, el artículo 1.2 de la Ley 57/68 establece, en su párrafo 2o, que los bancos donde las promotoras aperturen la cuenta especial deberán, “bajo su responsabilidad”, exigir el mencionado seguro o aval.

Dicha frase significa, según nuestros tribunales, que el banco exclusivamente debe aperturar a la promotora la cuenta especial si ésta tiene el seguro o aval. De lo contrario, deberá responder de los perjuicios que la ausencia del seguro o aval cause a los compradores.

Es decir, según la jurisprudencia, si los compradores intentasen recuperar las cantidades que entregaron a cuenta de sus viviendas –por no haberse construido o entregado en plazo-, y no lo consiguiesen por falta del seguro o aval, el banco deberá pagarles lo que les correspondería cobrar si pudieran ejecutar el seguro o aval.

El fundamento legal de la responsabilidad del banco lo constituye el mencionado artículo 1.2 de las Ley 57/68.

La causa radica en el incumplimiento, por parte del banco, del deber de vigilancia que les impone la Ley 57/68: abrir a la promotora una cuenta especial sin haber verificado que contaba con el necesario seguro o aval.

Encontrándose la justificación de esta responsabilidad en los cuantiosos beneficios que obtiene el banco durante todo el proceso de la promoción: pues no sólo disfrutará del depósito de dichos anticipos, sino que además (al menos normalmente) cobrará comisiones a la promotora, se lucrará con la financiación de la promoción, y luego con los préstamos hipotecarios que más tarde concertará con los compradores, quienes se subrogarán en la posición de la promotora.

(continúa…)

– Descárguese el artículo completo en PDF¿Cuándo debe el banco devolver a los compradores lo pagado a cuenta de una vivienda que no recibieron? [PDF]

– Leer en la Revista Inmueble Núm. 149¿Cuándo debe el banco devolver a los compradores lo pagado a cuenta de una vivienda que no recibieron?

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Todas las promotoras que vendan viviendas “sobre plano” deben contar con un seguro o aval bancario que garantice a los compradores la recuperación de su dinero en caso que las viviendas no se construyan o entreguen en el plazo pactado.

Sin embargo, estas garantías no siempre se contratan, lo cual resulta especialmente grave cuando la promotora deviene insolvente, en cuyo caso los compradores se quedan sin su vivienda y sin nadie que pueda devolverles lo que pagaron por ella.

No obstante, ello no tiene por qué ser así.

El motivo es que el banco donde los compradores ingresan las entregas a cuenta debe comprobar que el seguro o aval fue contratado, pudiendo ser condenado a tener que devolver a los compradores los anticipos que realizaron a cuenta de su vivienda en caso de que no existan.

Si bien para que surja dicha responsabilidad del banco es necesario que se den las siguientes circunstancias:

1. Que el banco conociera que la promotora tenía en su entidad una cuenta en la que recibía cantidades a cuenta del precio de las viviendas.

Lo cual a veces podrá demostrarse con la documentación bancaria de la promoción o la entregada por la promotora al banco para obtener la financiación (si es que tenemos acceso a ella). También podrá probarse si el mismo banco sufragó a los compradores las entregas a cuenta.

2. Que el comprador no pueda recuperar su dinero de la promotora, por lo que antes de reclamar al banco deberá intentar que aquella le restituya los anticipos que le abonó.

Por otro lado, debe aclararse dos circunstancias:

1. La responsabilidad de la que hablamos es del banco en el las cantidades fueron ingresadas, el cual no siempre coincidirá con el banco financiador de la promoción.

2. Esta obligación del banco es extensible a los supuestos en que la promoción se desarrolla en régimen de cooperativa.

Finalmente apuntar que, si bien nuestros tribunales solían considerar que el plazo para presentar tal reclamación al banco es de un año, una importante Sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2015, afortunadamente para muchas familias, ha considerado que son quince años, por lo que el tiempo transcurrido desde que se abonaron los anticipos no debería ser un problema. Especialmente dado que este plazo, en cualquier caso, comienza en el momento en que el comprador intenta, sin éxito, recuperar su dinero de la promotora (o cooperativa de viviendas).

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Es conocido que las cooperativas de viviendas han de contar con un seguro que debe devolver a los ex socios el dinero que abonaron a la cooperativa, en caso que las viviendas no se entreguen en el plazo previsto. No obstante, hay que tener cuidado con que no se pase el plazo para demandar al seguro.

¿Y qué plazo es éste? Pues, lamentablemente, la ley no es clara y todavía no existe consenso entre los tribunales al respecto: para algunos es de 2 años y para otros de 15 años.

No obstante, e independientemente de qué plazo se considere el correcto, lo cierto es que muy poco habitual que a un ex cooperativista haya perdido la oportunidad de reclamar al seguro, pues la clave está en desde cuándo se cuenta y cómo se reinicia ese cómputo.

Para responder a lo anterior hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. El plazo empieza a contar desde que el ex socio solicita a la cooperativa la devolución de su dinero, lo cual no siempre coincide con la fecha de la baja, pues en ocasiones los cooperativistas primero se dan de baja y luego piden el reembolso de sus aportaciones.

2. El plazo, sea cual sea, se reinicia con cada reclamación del ex cooperativista, tanto a la cooperativa como al seguro.

Es más, incluso podría considerarse que se reinicia cada vez que la cooperativa reconoce adeudar al ex socio las aportaciones que hizo a la misma, lo cual, muchas veces, consta en su propia contabilidad. Así que un reconocimiento de la cooperativa puede reiniciar el plazo que tiene el ex socio para reclamar al seguro.

3. En caso de duda, habrá que considerar que el ex socio está todavía a tiempo para reclamar al seguro, por el criterio restrictivo con el que se debe interpretar la prescripción.

En resumen, independientemente de qué plazo se considere, si 2 o 15 años, es quizás más importante comprobar la fecha en que dicho plazo empezó a correr y si se ha reiniciado una o varias veces, pues alguna vez nos hemos encontrado con algún ex socio que pensaba que ya no podía demandar al seguro cuando en realidad sí que estaba a tiempo de hacerlo.

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