Etiqueta: Seguros HCC Europe

Resultaría francamente injusto que el banco con el que la promotora contrató el aval de entregas a cuenta pudiera librarse de una reclamación por el mero hecho de no facilitar al comprador un certificado del aval individual de entregas a cuenta.

Dicho certificado no hace más que demostrar la contratación del aval por la promotora, y desde luego facilita una reclamación, pero en ningún caso impide al comprador ejercitar sus derechos, tal y como han proclamado en numerosas ocasiones nuestros tribunales.

Esto es, si tenemos constancia de la existencia del aval, y la promotora se retrasa en la entrega de la vivienda que le compramos sobre plano, podremos reclamar al banco la devolución de nuestro dinero, aunque no tengamos el certificado individual del aval.

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Probablemente lo más conveniente sea esperar a que la vivienda obtenga la licencia de primera ocupación, pues en caso que el Ayuntamiento la deniegue podremos recuperar nuestro dinero.

Es importante explicar que la promotora a la que compramos un piso sobre plano no sólo tiene la obligación de entregarnos la vivienda en el plazo pactado, sino de entregárnosla con licencia de primera ocupación.

De modo que si la vivienda construida por el promotor no recibe la licencia de primera ocupación, tenemos la posibilidad de rechazarla y solicitar al correspondiente seguro o banco avalista de las entregas a cuenta la devolución del dinero que anticipamos al promotor.

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No todo está perdido. Es posible que el banco, donde la cooperativa tenía la cuenta en la que los socios realizaban sus aportaciones, deba responder frente a los cooperativistas como si fuera el seguro.

En septiembre de 2013 el Tribunal Supremo sentenció que, en virtud de los seguros contratados por las cooperativas con ASEFA y HCC, estas compañías debían devolver a los cooperativistas las cantidades que anticiparon a cuenta de sus viviendas, en caso de que las mismas no se les entregasen en el plazo previsto.

Pues bien, recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado asimismo que los bancos donde la cooperativa tenía la cuenta en la que los cooperativistas ingresaban sus aportaciones, tenían el deber de vigilar que la cooperativa había contratado el mencionado seguro.

Habiendo señalado el Tribunal Supremo que si dicho seguro no se contrató, será el referido banco el que tenga que indemnizar a los cooperativistas como hubiera hecho el seguro, en caso de que las viviendas no se entreguen en plazo previsto.

 

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Si la cooperativa ya se ha retrasado en la entrega de la vivienda, no es necesario esperar más.

Es bastante frecuente que nuestros clientes nos realicen consultas en las que se cuestionan si tienen que esperar los plazos previstos en la normativa reguladora de las cooperativas para poder reclamar al seguro. El motivo es que tal y como permite la normativa especial sobre cooperativas de viviendas, la mayoría de los Estatutos de cooperativas prevén amplios plazos para la devolución de las aportaciones de quienes causan baja: 5 años si la baja fue por expulsión, 3 años en caso de baja no justificadas, y 18 meses si la baja fue justificada.

No obstante, debe de tenerse en cuenta que la relación entre el seguro y los cooperativistas no se rige por la normativa especial sobre cooperativas, sino por la Ley del Contrato de Seguro y una antigua ley que protege las cantidades entregadas a cuenta de la vivienda; la “famosa” Ley 57/1968. Normas estas que no establecen plazo de espera alguno.

Por esta razón, llegada la fecha convenida entre la Cooperativa y el cooperativista para la entrega de la vivienda sin que esa entrega se haya producido lo que establece la Ley es que el cooperativista podrá optar entre conceder una prórroga, que deberá constar por escrito y ser expresa, o resolver el contrato reclamando la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales devengados.

 

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Noticia publicada en El País

Casi el mismo día, dos bufetes han recibido sentencias favorables a los miembros de la sociedad cooperativa que defendían, Puerta de las Rosas. Más de trescientos cooperativistas que querían una vivienda dentro del sureste madrileño, en Los Ahijones, y tuvieron la mala fortuna de dar con la gestora Ofigevi. (…)

Victor Peña del bufete El Defensor de tu Vivienda (de Sala & Serra Abogados), explica que la sentencia, tras dos años y medio, va a suponer el pago de unos 8,3 millones de euros de principal más intereses a 275 cooperativistas que defienden. (…)

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– Descárgalo en PDF | Nuevas sentencias contra HCC

Noticia publicada en El Confidencial

Cinco meses después de que el Tribunal Supremo diera definitivamente la razón a los cooperativistas de viviendas de Madrid estafados por varias aseguradoras, un nuevo juez a fallado a favor de los afectados.

El pasado 20 de diciembre de 2013, el juzgado de primera instancia núm. 39 de Madrid dictaba sentencia en virtud de la cual estima íntegramente la demanda interpuesta por 275 cooperativistas de Puerta de las Rosas, Sociedad Cooperativa Madrileña de Viviendas contra Houston Casualty Company Europe Seguros y Reaseguros, S.A., (HCC) condenando a esta aseguradora a devolver a los cooperativistas el 100% de las cantidades adelantadas por los mismos a la Cooperativa para la financiación del proyecto promotor (8.291.735,21 €), así como al pago de los intereses legales desde su entrega a la Cooperativa conforme a lo dispuesto en la Ley 57/1968 y al pago de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, desde su requerimiento a la aseguradora.

(…)

En esta ocasión, ha sido el despacho El Defensor de tu Vivienda (de Sala & Serra Abogados) el que ha asumido la dirección letrada del procedimiento en nombre de los cooperativistas y que defiende los intereses de cientos de cooperativistas en sus reclamaciones frente a distintas aseguradoras. Desde el despacho destacan que la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia nº 39 de Madrid «supone un paso más respecto de la célebre Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013, ya que aborda un supuesto de hecho distinto del que ésta enjuiciaba y deja claro que la tesis defendida por la aseguradora, en virtud de la cual la póliza concertada por la Cooperativa era una póliza de tramo I distinta de la póliza de afianzamiento obligatoria de la Ley 57/1968, no puede ser acogida por no ajustarse a derecho».

El Tribunal Supremo daba en julio  la razón a medio centenar de cooperativistas que hace varios años invirtieron sus ahorros en unas viviendas en Madrid -en concreto en Valdebebas– que nunca llegaron a construirse inclinando definitivamente la balanza a favor de los cooperativistas. Hasta entonces, la batalla judicial había provocado sentencias a favor y en contra de los afectados que, desde hace años reclaman a las aseguradoras que les devuelvan todas las aportaciones realizadas puesto que las viviendas nunca llegaron a construirse. La sentencia del Supremo, según pudo saber El Confidencial obligaba a la aseguradora Asefa a devolver dichas cantidades, unos 5 millones de euros entre 50 afectados.

En esta ocasión, el juez condena a la otra aseguradora contra la que se dirigen las acciones judiciales de miles de cooperativistas, HCC, que deberá pagar más de 8 millones de euros.

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El 20 de diciembre de 2013 el juzgado de primera instancia núm. 39 de Madrid ha dictado sentencia en virtud de la cual estima íntegramente la demanda interpuesta por 275 cooperativistas de Puerta de las Rosas, Sociedad Cooperativa Madrileña de Viviendas contra Houston Casualty Company Europe Seguros y Reaseguros, S.A., condenando a esta aseguradora a devolver a los cooperativistas el 100% de las cantidades adelantadas por los cooperativistas a la Cooperativa para la financiación del proyecto promotor (8.291.735,21 €), así como al pago de los intereses legales desde su entrega a la Cooperativa conforme a lo dispuesto en la Ley 57/1968 y al pago de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, desde su requerimiento a la aseguradora.

Sala & Serra Abogados, el despacho que ha asumido la dirección letrada del procedimiento en nombre de los cooperativistas y que defiende los intereses de cientos de cooperativistas en sus reclamaciones frente a distintas aseguradoras, destaca que la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia nº 39 de Madrid supone un paso más respecto de la célebre Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013, ya que aborda un supuesto de hecho distinto del que ésta enjuiciaba y deja claro que la tesis defendida por la aseguradora, en virtud de la cual la póliza concertada por la Cooperativa era una póliza de tramo I distinta de la póliza de afianzamiento obligatoria de la Ley 57/1968, no puede ser acogida por no ajustarse a derecho.

Es importante destacar que la sentencia, con cita de profusa jurisprudencia y legislación aplicable, matiza que el seguro de la Ley 57/1968 es un seguro obligatorio que debe garantizar las cantidades entregadas a cuenta con independencia de que se haya iniciado o no la construcción, señalando que uno de los incumplimientos que el seguro de caución obligatorio garantiza es que no se inicie la construcción, con lo que difícilmente puede acogerse la tesis de la aseguradora de que la póliza de tramo II (supuestamente la de la Ley 57/1968) sólo se otorgará cuando se vaya a iniciar o se haya iniciado la construcción de las viviendas.

La sentencia destaca también que el riesgo que supuestamente cubriría la póliza de tramo I según la aseguradora es inexistente, ya que al estar intervenidas las cuentas de la Cooperativa y efectuarse las disposiciones de fondos únicamente bajo autorización previa de la aseguradora, el riesgo de desviación de fondos que supuestamente cubriría nunca llegaría a materializarse, o en su caso, la aseguradora podría exonerarse alegando dolo del tomador.

Asimismo, es destacable el esfuerzo argumentativo de la sentencia para considerar a los cooperativas como consumidores y usuarios a los efectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declarando que, si bien los cooperativistas no tienen esta consideración respecto de la Cooperativa de la que son socios, sí que la tienen respecto de la aseguradora con la que no han contratado directamente, ya que era la Cooperativa la que firmaba el seguro en su condición de tomador, con las consecuencias que dicha consideración conlleva respecto a la nulidad de las cláusulas abusivas de la póliza de seguro.

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