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Alrededor de 80 familias han sido víctimas del supuesto fraude en los dos residenciales que esta firma publicitaba en el municipio aguileño. Se trata de los complejos denominados Mediterránea, donde se anunciaban 47 viviendas; y Atalaya de Las Lomas, con otras 46. «La mayoría de los compradores abonaron inicialmente una media de 12.000 euros, aunque muchos llegaron a efectuar nuevos pagos», tal como destaca el abogado lorquino Domingo López, quien defiende los derechos de la mayoría de los afectados, por lo que la media abonada se situaría en torno a 20.000 euros, ya que hubo también quien llegó a adelantar por encima de 30.000 euros en función de la tipología superior del inmueble. Por tanto, el volumen del impacto del presunto timo podría superar entre ambos proyectos el millón de euros.
Claro que esta práctica por parte de Grupo 21 también se ha repetido en otras zonas de la costa de Granada y Almería, donde esta empresa cordobesa anuncia otros proyectos que elevaría su oferta global en el mercado por encima de 800 viviendas, aunque en realidad la mismas solo han existido sobre plano. Porque, incluso, pese a haber formalizado la preventa la firma no era dueña tampoco del suelo donde supuestamente iba a levantar las edificaciones. De ahí que se estima que puede haber casi un millar de afectados entre las distintas zonas de litoral mediterráneo, como ocurre en la ciudad de Almería y en la localidad de Aguadulce, en esta misma provincia, así como en la población granadina de Almuñecar, tal como publica este miércoles el diario ‘El País’, que estima entre 15 y 20 millones de euros el volumen comprometido por los compradores. Y todo con avales bancarios poco claros.
El residencial Mediterránea se ubicaba en un solar entre las calles Francisco de Quevedo y Tomás Bretón, de Águilas, con viviendas con 1, 2 y 3 dormitorios, que decía incluir piscina, jardín interior, zonas comunes y garajes, en lo que resaltaban como «una zona privilegiada a pocos metros de la playa». Por su parte, el nuevo residencial Atalaya de las Lomas lo situaban en la calle Pizarro, donde también se ofertaba piscina y jardines. Desde el Ayuntamiento de Águilas han confirmado que, en cualquier caso, no se llegó a conceder ninguna licencia a la promotora, ya que los técnicos encontraron salvedades en los proyectos presentados que no fueron subsanados.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre los hechos, mientras los afectados están conformando plataformas para defender su intereses y plantear las demandas ante los tribunales. Desde la firma El Defensor de tu Vivienda, especializada en la defensa de los consumidores afectados por fraudes urbanísticos, que lleva a algunos de los afectados, aunque mayoritariamente el territorio almeriense, sostienen que la solución «pasa por reclamar a las entidades bancarias donde los compradores hicieron sus aportaciones», ya que considera que «la Disposición Adicional Primera de la LOE, regula el deber de vigilancia que tienen los bancos sobre los promotores».
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