Desde El Defensor de tu Vivienda queremos compartir, con los afectados por la compra de una vivienda sobre plano que no se llegó a entregar, las buenas noticias que suponen los últimos Autos dictados por el Tribunal Supremos en relación con el plazo para reclamar las cantidades abonadas por las compras de estas viviendas frente a las entidades que garantizaron dichas cantidades o, en el caso de no existir garantías, frente a las entidades bancarias en las que se ingresaron esas aportaciones dinerarias.
Si bien era clara y contundente la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establecía que el plazo para reclamar, en virtud de la Ley 57/1968, las cantidades entregadas a cuenta del precio de una vivienda sobre plano era de 15 años (reducido a 5 años desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015), es frecuente que por parte de las entidades bancarias se opusieran a estas reclamaciones alegando que, con la modificación normativa producida en esta materia con la Ley 20/2015, el plazo para reclamar ya no era el de 15 años, sino de 2 años desde la fecha en que se tenía que haber entregado la vivienda.
Este criterio defendido por las entidades bancarias que debían responder por las entregas a cuenta fue acogido, entre otras, por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideraba que, una vez que habían transcurrido 2 años desde la fecha prevista de entrega de la vivienda, ya no era posible reclamar a las entidades aseguradora o avalista.
Pues bien, recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado 3 Autos (Auto de 14 de noviembre de 2018, Auto de 28 de noviembre de 2018 y Auto de 12 de diciembre de 2018) en los que, inadmitiendo recursos planteados por las entidades bancarias, resuelve que no la nueva normativa no es de aplicación a aquellos contratos firmados con anterioridad al 1 de enero de 2016, fecha en la que entró en vigor dicha modificación legal.
Por tanto, todos aquellos compradores de vivienda sobre plano que vieron frustrada la entrega de su vivienda y compraron antes del 1 de enero de 2016, siguen pudiendo reclamar frente a la entidad que garantizó sus entregas a cuenta o frente a la entidad en la que se depositaron esas cantidades.
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