Etiqueta: Afectados Cooperativas

En El Defensor de tu Vivienda, somos líderes en la defensa de compradores de viviendas a quienes sus cooperativas o promotoras no entregaron el seguro o aval que, hasta el pasado 31 de diciembre de 2015, exigía la Ley 57/68 y que continúa siendo aplicable a todos aquéllos casos en los que se entregó dinero a cuenta del precio de viviendas con anterioridad a esa fecha.

Basando nuestro trabajo en esta Ley, hemos ayudado a más de 4.000 afectados recuperando más de 200 millones de euros.

Podemos ayudarte si:

  • Has comprado sobre plano a una cooperativa/promotora y no se ha construido o no te han entregado tu vivienda.
  • Tu cooperativa/promotora ha solicitado el concurso de acreedores.
  • Tu cooperativa/promotora contrató el seguro obligatorio.
  • Tu cooperativa/promotora no contrató el seguro obligatorio pero ingresaste las cantidades en una cuenta bancaria especial

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Según recoge la Ley 57/68, derogada el pasado 1 de enero de 2016, fecha en que entró en vigor la Ley 20/2015, que, sin embargo, no tiene carácter retroactivo, tanto cooperativas como promotoras de viviendas tenían que asegurar las aportaciones de los compradores con un seguro o aval bancario para que en caso de que las viviendas no se entregasen en el plazo pactado, dichos compradores pudiesen recuperar su dinero con intereses.

A su vez, la citada ley obligaba también a que los bancos cumpliesen con la labor de vigilar que las cooperativas y promotoras contasen con las citadas garantías y, si no lo hacían entonces el banco pasaría a ser el responsable.

Por tanto, según la Ley 57/68 si existe seguro hay que reclamar a la aseguradora y, en caso de que no exista, el banco es quien debe responder ante los compradores de vivienda, si no cumplió con la labor que le exige la ley.

Muchos afectados por las promociones fallidas recurren a los juzgados para demandar a la promotora o el gestor de la cooperativa. Sin embargo, por nuestra experiencia sabemos que generalmente esas demandas consiguen una sentencia a favor, pero que los afectados nunca recuperan sus aportaciones, ya que los promotores y gestores se declaran insolventes o están en concurso de acreedores y no pueden hacer frente a la devolución de las aportaciones.

En definitiva, la única vía para recuperar las aportaciones perdidas en la compra de una vivienda sobre plano en la gran mayoría de los casos pasa por demandar a la aseguradora o al banco en función de la existencia o no de seguro o aval bancario.

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El Defensor de tu Vivienda, bajo la experiencia de Sala & Serra Abogados, es el primer despacho de España en la defensa de los derechos de los cooperativistas y compradores de vivienda en cuanto a reclamaciones a aseguradoras y bancos.

Comenzamos nuestro trabajo en esta materia en el año 2007, cuando todavía pocos abogados veían viabilidad a algunas de las reclamaciones de la devolución de las aportaciones a las compañías de seguros por la vía civil. Por ello, muchos acudían, y aún acuden hoy, a la vía penal. Sin embargo, esas querellas no siempre obtienen el resultado esperado y, sobre todo, no lo hacen en un plazo razonable porque los procedimientos penales suelen dilatarse en el tiempo.

Un 100% de casos de éxito avalan nuestro trabajo.

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El Defensor de tu Vivienda es un proyecto que nace con la experiencia de Sala & Serra Abogados, un despacho con más de 20 años de trabajo en materia inmobiliaria y procedimientos jurídicos de gran complejidad, especialmente en materia de reclamaciones de cooperativistas y compradores de vivienda.

El objetivo con el que surge el proyecto es el de proteger los derechos de los afectados en la compra de viviendas, tanto por vía cooperativa, promoción de viviendas, como comunidad de bienes.

La lucha por defender a los afectados frente a los abusos y el fraude de numerosas promociones y cooperativas de viviendas fallidas nos ha llevado a crear este proyecto diferenciándolo del resto de vías que trabajamos también desde Sala & Serra Abogados.

En El Defensor de tu Vivienda solo tenemos una meta y es la de ayudar a personas y familias con las reclamaciones a compañías de seguros y bancos para que consigan la devolución de sus aportaciones, más los intereses legales correspondientes.

El Defensor de tu Vivienda - Defensa de Cooperativistas y compradores de viviendas no entregadas

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El Defensor de tu Vivienda, es un proyecto que nace con la experiencia de Sala & Serra Abogados, un despacho con más de 20 años de trabajo en materia inmobiliaria y procedimientos jurídicos de gran complejidad, especialmente en materia de reclamaciones de cooperativistas y compradores de vivienda.

Desde ‘El Defensor de tu Vivienda’ intervenimos de manera gratuita y sin compromiso para el afectado. «Vemos caso por caso y analizamos cada uno de ellos y sólo cobramos si ellos recuperan su dinero. Tenemos mucha experiencia y años dedicados a ello, con multitud de casos con resoluciones favorables para las familias».

Una gran cantidad de afectados de toda España ya han recuperado su dinero, y para dar más visibilidad al proyecto hemos lanzado una campaña con un spot de TV en el que de forma sencilla y directa, mostramos lo que hacemos por el cliente, que no es más que poner fin a sus problemas con promotoras y cooperativas de viviendas.

Somos expertos en recuperar todo tu dinero más intereses. Solo pagas si ganas, y aquí siempre ganan los buenos.

Ver | Spot en Youtube

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La Ley 27/1999 de 16 de julio viene a definir la Cooperativa como una “(…) sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, (…)”

En esta definición, así como en el desarrollo tanto de esta ley de carácter estatal como de la normativa autonómica, se desprende claramente la libertad de asociación y desvinculación del proyecto cooperativo del socio, lo que vendremos a denominar “principio de puerta abierta”: nadie puede estar obligado a continuar en el proyecto si no es su deseo.

Normalmente las cooperativas de viviendas, en sus inicios, adquieren, (y generalmente hipotecan) suelo bruto dentro del desarrollo urbanístico de la ciudad en cuestión, lo que supondrá que, durante la vida de la cooperativa, los socios deberán asumir el coste de financiación de dicha compra, así como los costes de urbanización del sector en el que se encuentren los terrenos adquiridos. Es aquí donde se encuentra la principal causa de la disminución de los coste de las viviendas construidas en régimen cooperativo: es el propio cooperativista, quien asume el papel de promotor, y quien acarrea con los gastos de urbanización del sector, eliminando figuras intermedias; ello supone el abaratamiento de las viviendas, no solo de las que gozan de algún tipo de protección pública, sino también, de la vivienda libre promovida bajo este régimen.

No obstante, este tipo de promociones no queda al margen de la situación inmobiliaria y de la crisis financiera que sufre nuestro entorno; y en el caso de las cooperativas de viviendas, esto se ha agravado con la paralización o la lentitud en el desarrollo de algunos sectores urbanísticos.

Pero si cabe lo peor de todo ha sido la lamentable actuación de terceros que se han dedicado a desvirtuar lo que en sí constituye el espíritu cooperativo (buscar un beneficio común) obteniendo únicamente un beneficio propio a costa de los cooperativistas, lo cual ha conllevado un quebrantamiento en la confianza en estos proyectos, que ha provocado una auténtica desbandada de socios.

Dado que la Ley consagra el citado “principio de puerta abierta” el objetivo de la norma es garantizar la libertad del cooperativista para abandonar el proyecto cooperativo, sin perder de vista la carga que supondrá para el resto de los socios el tener que redistribuir las obligaciones contraídas. Por tanto, el establecimiento de plazos, procedimientos y penalizaciones previstos tanto en la ley como en los estatutos que rigen cada cooperativa, es la forma de materializar ese derecho a la separación que tiene el cooperativista, quien, en todo caso, deberá asumir los gastos en que haya incurrido la Cooperativa en su nombre, así como la parte proporcional de las pérdidas o beneficios del proyecto cooperativo mientras el socio formó parte del mismo, mediante la liquidación de las cantidades aportadas al proyecto.

De lo contrario, la baja del socio que se produzca sin dicha liquidación, supondrá cargar sobre los hombros del resto de cooperativistas los gastos y pérdidas de la misma, ya que aquéllos deberán seguir contribuyendo, no solo para hacer frente a los costes de la que en su momento será su vivienda, sino también para hacer frente a los del socio que causó baja.

No obstante, la ley atribuye distinto tratamiento a la baja de aquellos socios que deciden abandonar el proyecto por causas justificadas y según los procedimientos establecidos en los propios estatutos sociales (la más favorable es la reducción del plazo máximo de devolución de cantidades a 18 meses) y penaliza a aquellos que no ostenten justa causa para desvincularse del proyecto, o no procedan a solicitarla conforme al procedimiento establecido en la propia cooperativa (el plazo máximo de devolución se alarga hasta los 3 años). Conviene manifestar que el establecimietno de estos plazos, más o menos amplios, es absolutamente imprescindible para minimizar el impacto económico que la baja del socio produce en el proyecto, sobre todo cuando se produce un elevado número de bajas en periodos breves de tiempo, puesto que como ya hemos comentado, resulta imprescindible en muchos casos incluso para la viabilidad de la Cooperativa redistribuir las cargas entre los socios que queden en el proyecto.

Es por ello que en el momento en el que el socio cooperativista decide poner fin a su participación en el proyecto cooperativo, socio y Cooperativa deberán estar debidamente asesorados y conocer los mecanismos de solicitud de baja de su Cooperativa en concreto, así como el alcance y efectos de la decisión tomada, en vistas de evitar futuros conflictos que difícilmente se solventaran en los tribunales de forma satisfactoria para ambas partes.

En este sentido juega un papel fundamental el asesoramiento que la Cooperativa, tanto su Asamblea, como su Consejo Rector reciban: no olvidemos que, pese a que el Consejo Rector es el órgano de administración de la Cooperativa, sus miembros generalmente no tienen una especial cualificación jurídica. Ello hace que sea absolutamente imprescindible que la Cooperativa cuente con un asesoramiento legal y jurídico especializado, ya que nuestra amplia experiencia en la materia nos ha hecho darnos cuenta de que, el éxito y la viabilidad de los proyectos cooperativos dependen, no sólo del propio proyecto económico, sino también de un correcto tratamiento de las situaciones de los socios que causaron baja, puesto que el hecho de perder la condición de cooperativista, no significa que se desliguen definitivamente de la Cooperativa.

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