Etiqueta: cooperativas de viviendas

La Cooperativa Residencial Metropolitan, que prevé la construcción de 443 viviendas en las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos, está en jaque tras las últimas decisiones de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su equipo.

El motivo que alegan desde el Ayuntamiento de Madrid es que el proyecto no cumple el Plan General de Ordenación Urbana ya que no se va a llevar a cabo el soterramiento de las instalaciones que estaban previsto en el proyecto. El origen de este supuesto incumplimiento se debe a la negativa de la compañía Metro a modificar la rasante de las cocheras argumentando que se imposibilitaría el acceso a las mismas por el túnel actual bajo la avenida de Reina Victoria.

El proyecto nació en 2014 cuando Metro de Madrid subastó la parcela de sus antiguas cocheras de Cuatro Caminos. La Cooperativa Metropolitan, gestionada por el Grupo Ibosa ganó la puja con una oferta de 88 millones de euros. En el solar, de unos 40.000 metros cuadrados, está previsto levantar tres edificios residenciales, uno de oficinas y otro para la Administración.

La negativa del Ayuntamiento a la edificación del proyecto ha dejado a 443 familias a la espera de una solución que resuelva este grave problema. En la cooperativa los socios han aportado 40.000, 80.000 e incluso en algunos casos más de 100.000 euros, dependiendo de la tipología de la vivienda (libre, protegida, áticos…), unas cifras que suponen el 20% del precio final de la vivienda.
Solución jurídica

A pesar de que los cooperativistas del Residencial Metropolitan esperan que el Ayuntamiento de luz verde al proyecto urbanístico que permita la construcción de sus viviendas, existe una solución jurídica que les permite recuperar sus aportaciones más los intereses legales correspondientes.

La Ley 57/68, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, exigía a las cooperativas de vivienda contratar un seguro de entregas a cuenta para cubrir las aportaciones de los cooperativistas en caso de que la Cooperativa no inicie la construcción de las viviendas, o estas no se terminen en el plazo pactado.

En caso de que no se contrate este seguro, La Ley exigía también que cuando un banco abre una cuenta a una cooperativa de viviendas en la que se vayan a depositar las aportaciones realizadas por los cooperativistas para la adquisición de su vivienda, los bancos deben asegurarse, bajo su responsabilidad, de que la cooperativa cuenta con un aval bancario. Si no lo hicieron, como parece que ocurre en el caso del Residencial Metropolitan, los socios pueden interponer una demanda contra las entidades bancarias en la que realizaron sus aportaciones, ya que estas incumplieron su deber de vigilancia y deben responder frente a los cooperativistas.

Por otro lado, los socios de la Cooperativa Metropolitan deben de asesorarse antes de hacer un nuevo pago a partir del 1 de enero este 2016, ya que la Ley 20/2015 que ha sustituido a la Ley 57/68, establece que las cooperativas solo están obligadas a contratar un seguro o un aval bancario desde el momento en que cuenten con la licencia de obras. Por tanto, los pagos que realicen a partir de ahora podrían no contar con la misma protección que los realizados antes de 31 de diciembre de 2015.

Si estás interesado en ampliar la información sobre esta vía para recuperar tus aportaciones, no dudes en ponerte en contacto con nosotros llamándonos  al 910 323 636 o escribiéndonos al formulario de nuestra web.

Puedes contarnos tu caso para que lo estudiemos y te informemos sin ningún tipo de coste o compromiso.

imagen | Residencial Metropolitan

El solar del número 50 de la calle Raimundo Fernández Villaverde, propiedad del Ministerio de Defensa donde se ubicaban los antiguos Cuarteles de Precisión de Artillería, fue adjudicado en el año 2014 a la Cooperativa Residencial Maravillas por el Ministerio de Defensa, por un precio de 111 millones de euros de los que, aproximadamente 60 millones de euros fueron aportados por las aproximadamente 355 familias que integran la Cooperativa. El resto del dinero fue financiado con un préstamo hipotecario.

Los socios del Residencial Maravillas, cooperativa gestionada por Domo, han aportado una media de 200.000 euros, aproximadamente un 40% del precio final de la vivienda.

Por las informaciones que en las últimas semanas recogen los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Madrid no está avanzando en la tramitación del convenio urbanístico que es necesario firmar para que estas familias puedan empezar a construir sus viviendas. A esto se le suma que el equipo de Carmena, siempre según estas noticias, está incumpliendo lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana y en el propio plan parcial de este desarrollo, ya que están exigiendo a los cooperativistas más cesiones de terrenos de las que obliga la normativa actual.

Por todo ello, la Gestora y la Cooperativa anunciaron hace semanas el ejercicio de acciones legales contra el Ayuntamiento para intentar dar solución a esta situación y conseguir las licencias que permitan iniciar las obras lo antes posible.

Solución jurídica

A pesar de que los socios de Raimundo Fernández Villaverde esperan que el Ayuntamiento de luz verde al proyecto urbanístico que permita la construcción de sus viviendas, existe una solución jurídica que podría permitirles recuperar sus aportaciones más los intereses legales correspondientes en caso de que las viviendas no se entreguen en el plazo pactado.

La Ley 57/68, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, exige a las cooperativas de vivienda contratar un seguro de entregas a cuenta para cubrir las aportaciones de los cooperativistas en caso de que la construcción de las viviendas no se inicie o no se termine en los plazos pactados.

La misma Ley exige también que cuando un banco abre una cuenta a una cooperativa de viviendas en la que se van a depositar las aportaciones realizadas por los cooperativistas para la adquisición de sus viviendas, los bancos deben asegurarse bajo su responsabilidad de que la cooperativa cuenta con ese seguro o aval bancario. Si el banco incumplió ese deber de vigilancia, como parece que ocurre en el caso de la Cooperativa Residencial Maravillas, los cooperativistas podrían reclamarle la devolución de sus aportaciones.

Así lo recoge la más recientes Jurisprudencia, destacando tanto por su claridad como por su contundencia las Sentencias del Tribunal Supremo núm. 733/2015 de 21 diciembre de 2015, la núm. 174/2016 de 17 marzo de 2016, o la núm. 226/2016 de 8 abril de 2016.

Si la situación con el Ayuntamiento de Madrid no se soluciona y las viviendas no pueden construirse porque no llega a obtenerse la licencia de obras, los cooperativistas de Residencial Maravillas no tienen todo perdido. Podrán reclamar la devolución de las cantidades aportadas a la Cooperativa a la entidad bancaria en que ingresaron sus aportaciones.

Si estás interesado en ampliar la información sobre esta vía para recuperar tus aportaciones, no dudes en ponerte en contacto con nosotros llamándonos al 910 323 636 o escribiéndonos al formulario de nuestra web.

Puedes contarnos tu caso para que lo estudiemos y te informemos sin ningún tipo de coste o compromiso.

imagen | El Confidencial

El objetivo del presente artículo es aclarar al cooperativista de viviendas el tratamiento fiscal, desde la perspectiva de los diversos impuestos implicados, específicamente: (i) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante “IRPF”) y (ii) Operaciones Societarias (en adelante “OS”) de la “posible” devolución por parte de la cooperativa o bien de un tercero (p.e. la compañía aseguradora) de las aportaciones entregadas en su día a ésta, con el fin de adquisición de una vivienda.

Procedemos a analizar los 4 escenarios más habituales y sus efectos sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante “IRPF”) y sobre Operaciones Societarias (en adelante “OS”):

1. IRPF: Destacar en primer lugar que la renta obtenida como consecuencia del fin de la relación socio – sociedad (cooperativa), recibirá la calificación de ganancia o pérdida patrimonial según la Ley del IRPF, puesto que se ha producido una variación en el valor del patrimonio del contribuyente que se ha puesto de manifiesto por una variación en la composición del mismo. A continuación los 4 escenarios:

A. Cooperativista que no recibe devolución alguna en concepto de las aportaciones llevadas a cabo hasta la fecha por encontrarse la cooperativa en situación de concurso / liquidación: ¿se considera en este caso que se ha producido pérdida patrimonial? y en tal caso ¿Cuándo se debe imputar la misma en la declaración? – Pues bien, el hecho de encontrarnos ante sociedades en concurso o liquidación no comporta de forma automática la existencia de una pérdida patrimonial para los socios. Para ser considerada pérdida patrimonial, es necesaria la disolución y liquidación de la sociedad (según lo establece la consulta de la Dirección General de Tributos (en adelante “DGT”) V1907/2011 de 03 de agosto de 2011).

a. Consideración y efecto: Entendiendo que la pérdida se ha generado en un periodo superior al año (considerando el período transcurrido desde la entrega de las aportaciones a la disolución y liquidación de la sociedad) ésta se incluirá en la declaración de IRPF bajo la consideración de pérdida patrimonial: en la Base del Ahorro y podrá ser compensada en un periodo de 4 años con: otras ganancias patrimoniales derivadas de transmisión de elementos patrimoniales, siempre y cuando las mismas hayan tenido un periodo de generación superior al año. Importante destacar que no podrán ser compensadas con cualquier otro tipo de renta.

b. Imputación: En el ejercicio en que se produzca la disolución / liquidación de la sociedad (período donde tiene lugar la alteración patrimonial).

B. Cooperativista que tras darse de baja en la cooperativa recibe la devolución parcial de las aportaciones entregadas hasta la fecha:

a. Consideración y efecto: Se estará formalizando una alteración patrimonial (específicamente una pérdida patrimonial). A tal efecto y bajo el supuesto indicado en el apartado anterior de período de generación superior al año, deberá de integrarlo en su declaración de IRPF en la Base del Ahorro, disponiendo de 4 años para su compensación mediante otras ganancias patrimoniales con un período de generación superior al año.

b. Imputación: Ejercicio donde recibe la devolución parcial de las aportaciones.

C. Cooperativista que tras darse de baja en la cooperativa recibe la devolución del montante aportado hasta la fecha: Esta operación es fiscalmente neutra, por lo que no tendrá efecto alguno en la declaración de la renta del cooperativista.

D. Cooperativista que recibe las cantidades aportadas al promotor / Cooperativa, así como, cantidades adicionales en concepto de: (i) intereses, (ii) costas, (iii) etc… (en base a la consulta de la DGT V2459/2015): Este escenario contempla la recepción por parte del cooperativista de manera íntegra la totalidad de las aportaciones entregadas hasta la fecha, así como una cantidad extra en concepto de intereses / costas.

a. Tratamiento de la devolución de aportaciones: Como indicábamos en el punto C. La devolución del “principal” aportado no tiene repercusión algunam, puesto que no se produce alteración patrimonial.

b. Tratamiento de los intereses: En primer lugar destacar que los mismos poseen una naturaleza indemnizatoria, puesto que su finalidad es la resarcir al acreedor (cooperativista) por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. En consecuencia y a tenor de lo dispuesto en los artículos 25 y 33.1 del mismo texto legal, los mencionados intereses tributarán como ganancia patrimonial, siendo incluidos en la declaración de la renta del cooperativista como Base Imponible del Ahorro y tributando según el importe del mismo en la siguiente escala (en el ejercicio 2016 entre el 19% y el 23%). Complementando lo anterior, debe señalarse que al no proceder esta ganancia patrimonial de una transmisión, su cuantificación se corresponderá con el importe de los intereses que se perciban, por lo que no pueden minorarse de este importe los honorarios de abogados, o cualquier otro gasto que ocasionare.

c. Tratamiento de las costas: El importe recibido por las mismas, entendiendo que éstas sufragan gastos de defensa y representación, se entenderán según criterio de la DGT como una ganancia patrimonial, sin que proceda la deducción de los gastos en que efectivamente ha incurrido la consultante en la interposición de la reclamación judicial. Esta ganancia patrimonial formará parte de la Base Imponible General, tributando por tanto al tipo marginal del cooperativista / contribuyente, el cual podrá oscilar entre el 24,75% y el 51,5% (en la Comunidad de Madrid).

2. OS: La devolución de aportaciones por parte de la Cooperativa de viviendas se asimila (según la DGT) a una reducción de capital sobre las aportaciones que le sean devueltas al cooperativista, sin reducción de gastos, ni de deudas; por lo que éste deberá pagar en concepto de OS el 1% de la cantidad recibida en concepto de devolución de aportaciones.

¿Necesitas asesoramiento en materia de Cooperativistas y Cooperativas?:

Solicita ahora más información sobre los servicios relacionados con Cooperativistas y Cooperativas:

La cooperativa de viviendas es una asociación de interesados en adquirir una vivienda a precio de coste que se unen, constituyendo una sociedad en la que ponen en común sus aportaciones, para justo “autopromover” la construcción de sus viviendas.

En la promoción directa es el promotor, generalmente una sociedad mercantil, quien vende directamente a los interesados la vivienda.

En la cooperativa, el cooperativista pagará por su vivienda el coste que la misma tenga. Por tanto, si se consigue una buena gestión del proyecto cooperativo “ahorrando” en costes, el cooperativista habrá hecho una buena adquisición y habrá salido beneficiado de “comprar” más barato. Por el contrario, si por lo que sea las cosas se complican y finalmente las viviendas se encarecen por el motivo que sea, también el cooperativista tendrá que pagar más por esa misma vivienda.

En la promoción de viviendas, el comprador pagará el precio que pida el promotor y es el promotor el que corre el riesgo. Es decir, si la promoción sale más cara porque la constructora cobra más o porque hay imprevistos, el resultado será que el promotor tendrá menos beneficio con esa promoción pero el comprador habrá pagado lo mismo.

Para incorporarse como socio a una cooperativa de viviendas es necesario hacer una aportación al capital social. El importe estará regulado en los Estatutos.

Con esto uno adquiere la condición de socio pero para poder optar a tener una vivienda, lo normal es firmar un contrato con la cooperativa y es en ese contrato en el que se regulan las aportaciones que debe hacer el cooperativista, la periodicidad de las mismas, etc. En la práctica, no hay gran diferencia, en cuanto a la forma de pago, entre una cooperativa y una promoción: suele haber una entrada, unas aportaciones mensuales y, finalmente, cuando se produce la entrega de llaves una subrogación en una hipoteca.

La diferencia más relevante, insistimos, es que, mientras que en la compra de vivienda sobre plano a una promoción tú compras una vivienda con un precio cierto y determinado, en la cooperativa, como el cooperativista es autopromotor, la vivienda le saldrá al socio al coste real que haya tenido la misma.

imagen | Idealista

 

¿Necesitas asesoramiento sobre compra de vivienda en cooperativa o promoción?

Solicite ahora más información sobre nuestros servicios de asesoramiento a compradores de viviendas.

La clave fundamental antes de entrar a formar parte de una cooperativa de viviendas es informarse, a ser posible, asesorado por alguien que conozca el funcionamiento de una cooperativa verificando que:

1) el plazo que te dan es realista, para lo cual necesitas conocer la situación en detalle.

2) el precio también lo es, algo que solo lo puede ser si ya sé cuánto ha costado el solar, qué arquitecto va a hacer el proyecto y cuánto va a cobrar, cuánto cobra la constructora, cuánto cobra la gestora, etc.

3) existe un seguro o un aval que garantice la devolución de las cantidades que voy a entregar a cuenta del precio de la vivienda si la misma finalmente no se entrega.

Conocemos todos los días casos de personas que se adhirieron a una cooperativa, convencidas de que en tres años tendrían sus viviendas y después de 8, 10 y hasta 17 años siguen sin tenerlas y si algún día consiguen tenerlas lo será al doble del precio al que se las “vendieron”.

 

¿Necesitas asesoramiento sobre cooperativas de viviendas?

Solicite ahora más información sobre nuestros servicios de asesoramiento a cooperativistas de viviendas.

Antes de entrar a formar parte de una cooperativa de viviendas hay que plantearse una serie de cuestiones.

En primer lugar, es importante tener en cuenta la información que podamos obtener sobre los terrenos donde se construirán las viviendas: si la cooperativa cuenta ya con suelo en propiedad o no; si ese suelo es finalista, es decir, si se está en disposición de empezar a construir o hay que esperar a que finalice un desarrollo urbanístico sobre ese suelo; si existe o no proyecto; si hay o no licencia y si existe o no constructora. Estos datos nos indicarán si el plazo que nos está dando quien comercializa la vivienda puede o no cumplirse.

Por otro lado, es fundamental saber si las aportaciones que va a hacer el cooperativista están o no garantizadas con un seguro o un aval bancario para el supuesto de que las viviendas no se construyan o no se entreguen en el plazo convenido. El 1 de enero de 2016 entra en vigor la Ley 20/2015 que deroga la Ley 57/68 y modifica la Ley de Ordenación de la Edificación precisamente en lo relativo a la regulación de esas garantías. A partir del 1 de enero de 2016 sólo existirá obligación de garantizar las cantidades entregadas a cuenta del precio de una vivienda desde que el proyecto cuente con licencia de obras. Por tanto, todas las cantidades que se entreguen con anterioridad no estarán garantizadas.

Además, hemos de saber quién es la gestora. Es importante conocer si tiene o no experiencia gestionando cooperativas y en promociones inmobiliarias, si ha entregado viviendas en cooperativas gestionadas por ella, etc.

Conviene ver el contrato entre la cooperativa y la gestora para ver cuáles son las condiciones económicas del mismo.

Por último, es importante también conocer los estatutos de la cooperativa (periodos de permanencia, regulación de las bajas, etc.).

imagen | Fotocasa

 

¿Necesitas asesoramiento sobre cooperativas de viviendas?:

Solicite ahora más información sobre nuestros servicios de asesoramiento a cooperativistas de viviendas.

Esta disparidad entre lo entregado a cuenta y el certificado de seguro es mucho más frecuente de lo pudiera pensarse y, a menudo, es aprovechada por las aseguradoras para tratar de limitar su responsabilidad a la cifra que consta en el certificado individual del seguro que redactaron y entregaron al socio. Cifra que, en ocasiones, en sustancialmente menor a lo pagado por el cooperativista.

Obviamente, resultaría tremendamente injusto que, por el hecho que la aseguradora se equivocara al consignar la suma asegurada de un socio, éste se viera perjudicado y, más aun, teniéndose en cuenta que dicha compañía es la única que interviene en la elaboración de dichos certificados. Esto es, no tiene sentido que la compañía aseguradora se beneficie de sus propios errores.

Y lo cierto es que no es así. La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013 estableció que el contenido de dichos certificados no puede ser utilizado para minorar los derechos de los cooperativistas, al ser unos documentos creados por la propia compañía de seguros sin la intervención de los socios ni de la cooperativa, de modo que éstos nunca podrán alterar el contrato de seguro ni limitar los derechos de los asegurados.

Es más, incluso aunque el error no sólo se encuentre en los certificados sino también en la propia póliza del seguro, dicho error no perjudicaría a los socios, y ello por cuanto si la póliza de seguro dice ser una de las de la ley 57/68 dicha cláusula podría reputarse nula.
Así lo explicó la anteriormente citada Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2013, señalando que en tales casos “no procede respetar los límites cuantitativos de la póliza de seguro, pues la misma, al constar que se efectuaba al amparo de la Ley 57/68, que obliga a garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, no debió contener límites inferiores”.

De hecho, no es que el seguro deba de garantizar la devolución de todas las aportaciones realizadas por los cooperativistas sino que, como establece la ley, deberá garantizar, además, los intereses legales devengados por cada una de las entregas a cuenta desde la fecha de su pago hasta su reintegro.

Lo cual tiene una aplastante lógica, pues en caso contrario, los cooperativistas estarían recuperando una cantidad no equivalente a la que aportaron a la cooperativa ya que el dinero no vale lo mismo en enero de 2014 que en enero de 2015.

Así, un cooperativista que realizó un pago a una cooperativa 1.000 euros el 1 de enero de 2004, si tuviera derecho a que el seguro le devolviera sus aportaciones actualizadas a 31 de diciembre de 2014, la aseguradora le debería de devolver 1.466,20 euros, esto es 466,20 euros más. Debiéndose de hacer esta misma operación por todas y cada una de las aportaciones hechas por el socio a la cooperativa y teniendo en cuenta la fecha de cada una de ellas.

¿Y qué ocurre en aquellos casos en los que el socio ni siquiera ha recibido certificado alguno?

Al igual que en el caso anterior, toda vez que el hecho de que los socios reciban los certificados depende de que el seguro los expida y se los entregue, nuestros tribunales ya han declarado en reiteradas ocasiones que tal ausencia no podrá perjudicar los derechos de los asegurados.

Esto es, no es posible vincular los derechos de los cooperativistas a la existencia y contenido de los certificados, pues ello supone hacer depender los derechos de éstos a la voluntad de la aseguradora.

En palabras de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 31 de octubre de 2013 “carecería de todo sentido que pudieran burlarse esos derechos irrenunciables simplemente por la no realización por la aseguradora del acto unilateral de emitir los certificados individuales”.

En definitiva, si la cooperativa suscribió en su día un contrato de seguro de los de la ley 57/68, los derechos de los cooperativistas están protegidos conforme establece dicha ley, sin que puedan ser perjudicados ni menoscabados por la aseguradora y, por tanto, independientemente de lo que figure en los certificados o de que éstos no se entreguen a los socios.

¿Necesitas asesoramiento sobre Cooperativas y Cooperativistas?:

Solicita ahora más información sobre los servicios de defensa de cooperativistas que ofrecemos en El Defensor de tu Vivienda de Sala & Serra Abogados:

– Ponte en contacto con nosotros a través del formulario web.

– Llámanos al 910 323 636 sin compromiso.

Cuando el cooperativista firma un contrato de adhesión a una Cooperativiva de viviendas debería hacerlo debidamente asesorado y sabiendo que no está comprando una vivienda a una promotora sino que él se está convirtiendo, en su condición de cooperativista, en autopromotor.

Esta es, en teoría, la gran ventaja que tiene o, cuando menos, hubo un tiempo en que tenía, el acceder a una vivienda desde una cooperativa, y no comprándola a una promotora: al no existir la figura del promotor, los cooperativistas, asociados con el único fin de promover la construcción de sus viviendas, ahorraban en costes (entre otros el margen o beneficio que obtenía el promotor inmobiliario) y así podían obtener sus viviendas mucho más baratas.

La experiencia y la práctica, sin embargo, nos han demostrado durante estos años que en muchos, muchísimos casos, esa teoría no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque, por un lado, las viviendas han resultado finalmente no ser tan baratas y, por otro lado, porque muchas de esas Cooperativas se han convertido en ratoneras en las que los cooperativistas se han visto encerrados sin poder acceder a su vivienda y sin poder tampoco recuperar el dinero que en su día aportaron.

Pero, ¿por qué? ¿cuál ha sido el problema?. La respuesta a esta pregunta no es única, sino que desde nuestra experiencia asesorando Cooperativas y cooperativistas, creemos que los problemas son varios si bien, es cierto, que todos tienen un origen común.

Muchas Cooperativas de viviendas que hoy se encuentran con problemas, comenzaron su andadura en los años del boom inmobiliario, si no en su momento más alto, sí cuando el acceso a una vivienda, fundamentalmente en las grandes ciudades, resultaba ya muy caro y en un momento en el que si uno esperaba un año para comprar una casa su precio podía haberse incrementado, en ese plazo, en un 10, 20 o hasta 30%.

En aquél momento, hablamos de finales de los 90 o principios de los 2000, comenzaron a constituirse Cooperativas, por los que aspiraban a convertirse en sus gestores a cambio de unos generosos honorarios, anunciando la posibilidad de adherirse a las mismas en periódicos, radios, con folletos que se repartían en los barrios cercanos, etc. Con este sistema se captaron en Madrid miles de familias que comenzaron a realizar aportaciones mensuales con la esperanza de poder acceder a una vivienda, muchas veces protegida, siempre más barata de lo que ofrecía en ese momento el mercado, y en un plazo de aproximadamente 4 años.

Sin embargo, cuando la mayoría de esas Cooperativas y sus gestoras empezaron a captar cooperativistas ni tan siquiera tenían suelo en el que construir las viviendas; sino que a medida que las gestoras fueron llenando las Cooperativas, fueron yendo al mercado a comprar suelo, pero, para poder construir y entregar a los cooperativistas las viviendas al precio prometido, y para que la gestora pudiera cobrar los honorarios que en todos los casos se había asegurado antes de que la Cooperativa se llenara de cooperativistas, muchos de los suelos que compraron fueron rústicos, y por tanto pendientes de desarrollo urbanístico.

Ese desarrollo urbanístico, en contra de lo que en su momento se hizo creer a las personas que se fueron adhiriendo a las diferentes Cooperativas, ha tardado en muchos casos hasta diez años en terminar. Y hasta ese momento las Cooperativas no han podido solicitar licencia de obras para comenzar a construir sus viviendas.

Por tanto se captaban cooperativistas a quienes se les prometieron sus viviendas en unos plazos que, en aquellos momentos, ya se sabía que no se iban a poder cumplir (ni siquiera se había adquirido el suelo donde se proyectaría la promoción). Y se les prometió que sus viviendas se iban a construir a unos precios que era imposible conocer en aquél momento, dado que faltaban alrededor de cinco, siete y hasta diez años para poder encontrarse en condiciones de construir las viviendas (y no era posible conocer el plazo durante el cual habría que estar pagando intereses por el préstamo hipotecario del suelo, el coste del proyecto, de la licencia, de la construcción, etc elementos todos ellos que influyen de forma determinante en el precio de la vivienda).

Al cansancio por el tiempo transcurrido desde que se adhirieron a la Cooperativa, que ha hecho que muchos cooperativistas buscasen otras viviendas o, simplemente, decidieran darse de baja y solicitar la devolución de sus aportaciones, se ha unido la crisis económica.

Hace seis o siete años cuando un cooperativista se daba de baja en una cooperativa había lista de espera para sustituirle. Uno salía de la Cooperativa y otro entraba a ocupar su lugar aportando el importe que había que devolver al primero.

Sin embargo, con la crisis económica e inmobiliaria esa demanda de nuevos cooperativistas desapareció. Y la lista de bajas fue aumentando hasta llegar a suponer un problema para la Cooperativa.

A esta situación se ha unido la práctica desaparición de la financiación bancaria que ha hecho que las Cooperativas no hayan podido acceder a crédito para construir sus viviendas.

Por todo ello hoy muchas de esas Cooperativas se encuentran, en el mejor de los casos, con un suelo apto para construir sus viviendas, con un proyecto, una licencia de obras, más bajas que altas, y una necesidad de financiación que no encuentran, y requieren de soluciones “imaginativas” que les permita llevar a cabo su finalidad de promocionar las viviendas de sus socios cooperativistas.

Esta situación no es nueva en España. ¿cómo es posible que la Administración, conocedora de lo que supone en España desarrollar urbanísticamente un terreno, permita a una gestora comercializar (buscando la adhesión de cooperativistas) viviendas sin ser titular de ningún terreno y engañando en cuanto al plazo y en cuanto al precio al cooperativista adherido? ¿cómo es posible que esa gestora perciba durante años honorarios de gestión millonarios, cuando su actuación hasta que se culmina con el procedimiento de desarrollo urbanístico es mínima además de depender sus servicios de que se obtengan finalmente de la administración las autorizaciones permanentes? ¿cómo es posible que ello se haga con un seguro de caución que, a la hora de la verdad, pretende no haber asegurado las cantidades como la Ley 57/1968 y la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 exigían, engañando una vez más al cooperativista?

Al menos este mes de Julio de 2013 se ha abierto una posibilidad a los cooperativistas que, aunque no consigan disponer finalmente de sus viviendas, sí que verán como la Compañía de seguros que avaló sus aportaciones responde con la devolución de las mismas y los intereses.

No estamos hablando de una promoción sino de muchas, de miles de familias afectadas en España y de muchos millones de euros en juego sin que se esas inversiones se hayan traducido en el objetivo perseguido de promover y adjudicar viviendas a los socios cooperativistas, ¿cómo es posible que no exista todavía una normativa que limite y regule todas estas situaciones?

Con la actual crisis económica e inmobiliaria hemos aprendido muchas lecciones y ello debe servir para evitar que en el futuro situaciones como esta se repitan. Esperemos que en el caso de la Cooperativas de vivienda, así sea.

¿Necesitas asesoramiento sobre Cooperativas de Viviendas?

Solicita ahora más información sobre los servicios de asesoramiento a Cooperativas y Cooperativistas de El Defensor de tu Vivienda,

  • Ponte en contacto con nosotros a través del formulario web.
  • Llámanos GRATIS al 910 323 636. Consulta sin compromiso.

El pasado jueves 18 de julio conocíamos a través de la página web del Consejo General del Poder Judicial una noticia que muchos cooperativistas, muchas Cooperativas y algunos abogados llevábamos meses, incluso años, esperando.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en pleno, había acordado por unanimidad estimar el recurso de casación de un grupo de cooperativistas que reclamaba la devolución de sus aportaciones, superiores, casi todas, a 100.000 €, a una Cooperativa de viviendas de la Comunidad de Madrid, en concreto de Valdebebas.

Hasta por lo menos el mes de Septiembre no conoceremos la Sentencia, que todavía tiene que ser redactada y publicada por el Tribunal Supremo. Sin embargo sí conocemos, porque aparece publicado en la página del Consejo General del Poder Judicial, cuál es la ratio decidendi de esa Sentencia, y no es otra que el considerar que el seguro de caución concertado en su día entre la compañía de seguros y la cooperativa, y cuyo beneficiario no era otro que el cooperativista, amparaba al cooperativista por tratarse de un seguro obligatorio de acuerdo con la Ley 57/1968 y la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999.

El pasado mes de febrero de 2013 publicábamos un artículo en nuestro blog precisamente sobre este tema, en el que El Defensor de tu Vivienda lleva años estudiando, trabajando y asesorando a miles de cooperativistas. En aquel artículo decíamos que estábamos pendientes de que el Tribunal Supremo se pronunciara, dado que en la Audiencia Provincial de Madrid estaban recayendo Sentencias contradictorias en función de la Sección que decidiera, en las que, en unos casos entendían, como ahora ha hecho el Supremo, que la Compañía de Seguros debía ser condenada a devolver al cooperativista sus aportaciones más los intereses, mientras que en otras, por el contrario, se consideraba que el seguro de caución no amparaba al cooperativista en esos términos.

Pues bien, hoy está todo más claro. Esperemos que ahora los Juzgados de 1ª Instancia que todavía tienen que dictar Sentencia en los muchos procedimientos que están tramitándose sobre este particular, así como las Audiencias Provinciales que tienen recursos de apelación también pendientes de resolver, comiencen a resolver los mismos siguiendo la interpretación dada por el Tribunal Supremo.

En El Defensor de tu Vivienda seguiremos trabajando, como llevamos ya haciendo muchos años, para que los cooperativistas que no puedan acceder a su vivienda porque la misma nunca se construirá, puedan, al menos, recuperar sus dinero con los intereses

¿Necesita asesoramiento sobre cooperativas de viviendas?

Solicita ahora más información sobre nuestros servicios de asesoramiento a compradores y cooperativistas de viviendas.

 

LLÁMANOS GRATIS AHORA

O si prefieres te llamamos nosotros